Cifras basadas en información proporcionada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, resaltan la contribución significativa de estos trabajadores a la economía estadounidense, donde cerca de 7.4 millones de mexicanos están empleados en diversos sectores laborales, resalta el abogado y especialista en temas legales, Iván Ernesto Báez Martínez.
Además, el análisis del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos destaca cómo este flujo de ingresos beneficia directamente a las comunidades de origen en México, ya que las remesas de fondos contribuyen al bienestar de las familias y comunidades de los trabajadores inmigrantes.
Al respecto, el Gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso crucial en la protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, en particular, aquellos que poseen visas temporales H2.
De acuerdo con la organización Polaris, la mayoría de las víctimas de trata laboral en los Estados Unidos tienen origen mexicano o alguna conexión con México. Entre 2015 y 2020, más de 10,000 personas estaban en riesgo potencial o siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos en diversas industrias, y más del 40 % de ellas poseía una visa de empleo temporal H2A o H2B.
Como parte integral de esta iniciativa, el Departamento del Trabajo ha lanzado un sitio web, TrabajadorMigrante.gov, diseñado para informar a los trabajadores migrantes con visas H2 sobre sus derechos laborales.
“Es fundamental destacar que el Departamento del Trabajo enfatiza que, sin importar su estatus migratorio, los trabajadores migrantes poseen derechos laborales, lo que es esencial para aquellos que puedan estar laborando de manera indocumentada en el país”, resalta Iván Báez Martínez.
Según el también ex alcalde de San Ignacio, “Los trabajadores a veces tienen miedo de denunciar violaciones a la ley por parte de empleadores explotadores, o de cooperar en investigaciones de normas laborales y de empleo, porque temen ser expulsados”.
“Esta preocupación ha sido un obstáculo para que los trabajadores migrantes denuncien situaciones injustas en el entorno laboral, a pesar de que la cooperación de estos trabajadores es crucial para llevar a cabo investigaciones efectivas en el ámbito laboral”, puntualiza el sinaloense.
Para solicitar esta protección, los trabajadores deberán proporcionar evidencia de la investigación en curso y explicar por qué requieren el apoyo del DHS. Además, deberán demostrar que están empleados por la empresa en cuestión y presentar documentos que confirmen su identidad.
Estas solicitudes serán revisadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, una división del Departamento de Seguridad Nacional. En caso de aprobación, los trabajadores migrantes que colaboren en una investigación laboral podrán permanecer en el país durante dos años y tendrán la opción de solicitar autorización para trabajar legalmente durante ese período.
“Esta medida es esencial para garantizar que los trabajadores migrantes no sean víctimas de represalias por parte de empleadores que podrían utilizar su estatus migratorio como arma para intimidarlos cuando denuncien infracciones salariales o laborales”, concluye Iván Ernesto Báez Martínez.
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