La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reavivó este lunes el debate sobre la extensión de las licencias de paternidad al resolver, por mayoría de votos, que la disposición vigente en Baja California Sur —la cual otorgaba apenas diez días de permiso— es inconstitucional y debe ser reformada por el Congreso local. Aunque el fallo subraya la obligación parlamentaria de regular el tema, la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que la Corte no posee facultades para fijar por sí misma la duración de un beneficio cuya viabilidad financiera recae, ante todo, en los poderes legislativos y las instituciones de seguridad social de cada entidad.
Durante la sesión, Esquivel Mossa precisó que el Máximo Tribunal carece de herramientas para evaluar si los sistemas de salud y las dependencias gubernamentales pueden solventar el costo de permisos de hasta dos meses para padres, madres y adoptantes.
Asimismo recordó que imponer ese lapso sin estudios actuariales previos puede comprometer el equilibrio de las finanzas públicas y privadas, además de generar un precedente que impactaría a los regímenes de seguridad social en todo el país. En su intervención, insistió en que la discusión sobre igualdad sustantiva —incluida la equiparación de licencias maternas y paternas— corresponde a los congresos federal y locales, pues son ellos quienes conocen con mayor detalle las capacidades presupuestales y económicas de sus jurisdicciones.
La ministra subrayó que el exhorto de la Corte obliga al Congreso de Baja California Sur a diseñar un marco legal que garantice derechos laborales en equilibrio con la sostenibilidad financiera. El fallo, señaló, deja claro que cualquier aumento en la duración de las licencias debe apoyarse en análisis técnicos rigurosos, evitando medidas generales que podrían resultar inviables para ciertos estados o sectores productivos. La reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres —vigente desde 2023— respalda la idea de ajustes progresivos; sin embargo, esos ajustes, añadió Esquivel, deben surgir de un proceso legislativo responsable y gradual, no de mandatos judiciales que ignoren la diversidad de realidades regionales.
Aunque reconoció que la ampliación de las licencias parentales es un avance en derechos sociales, Yasmín Esquivel Mossa insistió en que la Corte debe ceñirse a su papel de garante constitucional sin invadir la esfera de competencias del Poder Legislativo.
Para la ministra, el verdadero desafío consiste en que los congresos locales legislen con base en datos actuariales sólidos, consensos sociales y criterios de equidad que permitan cerrar la brecha de género sin comprometer la estabilidad económica. Al concluir su participación, recordó que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres implica no solo homologar permisos laborales, sino también diseñar políticas públicas integrales que aborden las disparidades salariales y la corresponsabilidad en el cuidado familiar.
La resolución deja al Congreso de Baja California Sur un plazo razonable para adecuar su normativa, mientras legisladores de otras entidades seguirán de cerca el desenlace, conscientes de que el precedente podría detonar reformas similares. En paralelo, especialistas en derecho laboral y finanzas públicas advierten la necesidad de articular mesas técnicas con la participación de instituciones de seguridad social, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para dimensionar el impacto fiscal y garantizar que cualquier expansión de derechos resulte sostenible en el mediano y largo plazo.
