Las reglas están pensadas para brindar orden, pero cuando se acumulan sin estrategia, pueden convertirse en una pesada losa para la innovación. En México, este dilema cobra relevancia en un entorno donde la inversión y la confianza requieren agilidad institucional.
En su columna nacional publicada en Crónica, Juan Manuel Jiménez plantea que la proliferación de normas y trámites genera un terreno fértil para la discrecionalidad. Explica que una regulación excesiva no solo encarece la operación empresarial, sino que abre espacios a la corrupción al multiplicar los puntos de contacto entre ciudadanos y funcionarios.
Monreal y el debate legislativo
El texto de Jiménez recuerda la postura del senador Ricardo Monreal, quien en la Comisión de Salud defendió la iniciativa de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores. Este episodio refleja cómo la regulación, aun cuando parte de una motivación legítima, puede derivar en debates donde lo técnico se mezcla con lo político.
Para el legislador, el enfoque era proteger la salud pública; para los críticos, el riesgo estaba en sobrecargar con nuevas restricciones a un sector productivo que ya enfrenta marcos regulatorios amplios.
Del mismo modo, Jiménez señala que los especialistas insisten en la necesidad de aplicar análisis costo-beneficio antes de aprobar cualquier nueva norma. La ausencia de esta evaluación convierte al marco legal en un freno más que en una palanca para el desarrollo.
