La llegada y contratación de médicos cubanos en México ha generado un intenso debate público y político sobre su impacto en el sistema de salud, en las comunidades atendidas y en las empresas involucradas en su logística y servicios. Lo que comenzó como una respuesta a la falta de especialistas en zonas marginadas se ha convertido en un tema complejo de política pública, economía y derechos laborales.
Desde 2022, México ha incorporado miles de médicos provenientes de Cuba para atender carencias de atención médica en regiones rurales y de difícil acceso. Este programa, promovido inicialmente por el gobierno anterior y continuado por la administración actual, se realizó con acuerdos bilaterales entre los dos gobiernos y mediante el IMSS-Bienestar, que adjudicó contratos millonarios para hospedaje, alimentación y transporte de los profesionales de la salud.
Empresas mexicanas como Pigudi Gastronómico, BC CAP Development y otras resultaron beneficiadas con la adjudicación de estos servicios, generando cuestionamientos sobre transparencia y prioridades presupuestales en el sector salud.
Polémicas y alianzas detrás de los médicos cubanos
Además, el gasto en servicios para estos médicos ascendió a miles de millones de pesos en 2025, mientras que algunos médicos mexicanos y pasantes reciben salarios significativamente menores, lo que ha provocado críticas tanto de gremios profesionales como de legisladores.
Asimismo, no existe un registro claro y público sobre la ubicación y supervisión de los médicos cubanos, lo cual ha generado dudas sobre la eficiencia y el seguimiento de estos convenios.
Más allá del aspecto económico, la presencia de médicos cubanos en México ha suscitado debates sobre la transparencia y las condiciones laborales de los profesionales enviados desde La Habana. Organizaciones internacionales y expertos han señalado la falta de métricas oficiales que permitan evaluar el desempeño clínico y los resultados en atención.
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