La inteligencia artificial enfrenta un nuevo desafío legal en Estados Unidos. El Estado de Florida presentó una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, en lo que las autoridades consideran la primera acción judicial impulsada por un gobierno estatal contra la empresa creadora de ChatGPT.
El fiscal general James Uthmeier anunció la querella y acusó a la compañía de ignorar advertencias de seguridad internas y externas para acelerar el crecimiento comercial de su tecnología. Según la fiscalía, la empresa permitió que un producto potencialmente peligroso llegara a millones de usuarios, incluidos menores de edad.
La demanda surge pocas semanas después de que Florida iniciara una investigación criminal relacionada con un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida donde murieron dos personas. Las autoridades sostienen que ChatGPT respondió preguntas del atacante sobre armas, municiones y otros aspectos relacionados con la agresión.
OpenAI niega responsabilidad por los señalamientos
La empresa rechazó las acusaciones y defendió el funcionamiento de ChatGPT. Un portavoz explicó anteriormente que la plataforma ofreció respuestas basadas en información disponible públicamente y nunca promovió actividades violentas o ilegales.
Asimismo, OpenAI insistió en que el responsable del crimen fue el atacante y no la tecnología utilizada. La compañía también aseguró que mantiene cooperación con las autoridades mientras continúan las investigaciones.
Por otro lado, la fiscalía argumenta que ChatGPT recopila datos de menores sin autorización de los padres, fomenta comportamientos adictivos y puede generar daños cognitivos. Además, sostiene que la empresa minimizó riesgos asociados con errores potencialmente peligrosos dentro de la plataforma.
Estados Unidos intensifica el debate sobre regulación tecnológica
Florida también busca responsabilizar personalmente a Sam Altman por las decisiones que tomó como fundador y director ejecutivo. La medida resulta poco habitual debido a que las corporaciones estadounidenses suelen proteger a sus directivos de responsabilidades individuales.
El caso aparece en medio de un debate nacional sobre quién debe regular la inteligencia artificial. Mientras algunos sectores impulsan una legislación federal, distintos Estados avanzan con normas propias relacionadas con transparencia, protección de datos, educación y empleo.
Durante 2026, legisladores estatales promovieron más de 1,500 iniciativas vinculadas con inteligencia artificial. Además, Florida analizó una propuesta denominada Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial, mientras la administración de Donald Trump impulsa un marco nacional para evitar regulaciones fragmentadas que puedan afectar la innovación tecnológica.
