Airbnb y otras plataformas de alquiler de corta duración podrían enfrentar nuevas restricciones en la Unión Europea. Bruselas prepara reglas comunes para contener el impacto de los alojamientos turísticos sobre la disponibilidad y el precio de la vivienda.
La iniciativa busca armonizar una normativa actualmente fragmentada entre países y ciudades. Destinos turísticos como París, Barcelona y Venecia ya adoptaron medidas para limitar estos alquileres ante la presión sobre sus mercados inmobiliarios.
Airbnb queda bajo la mira de las nuevas reglas europeas
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, presentará el 9 de septiembre la Ley de Vivienda Asequible. Posteriormente, los países miembros y el Parlamento Europeo deberán debatir la propuesta antes de una eventual entrada en vigor.
Uno de sus principales elementos consiste en establecer criterios comunes para determinar cuándo una zona atraviesa una crisis de vivienda suficientemente grave como para justificar restricciones a los alquileres de corta duración.
El borrador propone evaluar la relación entre los precios de las viviendas y los ingresos de los hogares, así como su evolución a lo largo del tiempo. Las autoridades deberán utilizar además indicadores que permitan determinar si existen posibilidades reales de que esa presión disminuya.
El documento plantea también analizar el crecimiento de la población y las tendencias de oferta y demanda inmobiliaria.
La crisis de vivienda impulsa las medidas
El crecimiento de los alquileres vacacionales ha generado una fuerte respuesta en algunas ciudades europeas. Residentes y organizaciones sociales sostienen que estas propiedades reducen la oferta disponible para alquileres tradicionales, especialmente en zonas con elevada demanda turística.
Los jóvenes figuran entre los grupos más afectados por los problemas de acceso a una vivienda asequible. La situación también ha provocado protestas en diferentes ciudades y aumentado la presión política para establecer límites.
La Comisión Europea pretende ofrecer un marco que permita intervenir cuando existan pruebas suficientes de una crisis inmobiliaria, sin aplicar restricciones generales de manera automática.
Según la propuesta conocida por Reuters, cualquier medida adoptada deberá cumplir tres principios fundamentales: ser no discriminatoria, resultar proporcional y responder al interés público.
Las autoridades también deberán justificar las restricciones mediante indicadores objetivos sobre asequibilidad, población y disponibilidad de viviendas.
El proyecto abre así una nueva etapa para el mercado europeo de alquileres turísticos. La presentación del 9 de septiembre será apenas el inicio del proceso legislativo, ya que los Estados miembros y el Parlamento Europeo tendrán que negociar el alcance definitivo de las reglas antes de su aprobación.
