En España, la revisión de la Directiva sobre prácticas desleales en la cadena agroalimentaria representa una oportunidad crítica para fortalecer la justicia comercial. La Comisión Europea lanzó en octubre de 2025 una consulta pública para evaluar si esta normativa ha protegido de forma efectiva a agricultores y pequeños productores frente a las presiones de grandes compradores.
Desde su entrada en vigor en 2021, la Directiva 2019/633 ha prohibido conductas como pagos fuera de plazo, cancelaciones imprevistas o modificaciones unilaterales de contratos. España no solo la implementó rápidamente, sino que amplió su alcance con una Ley de la Cadena Alimentaria más estricta. Esta apuesta por una regulación más robusta ha posicionado al país como uno de los referentes en protección agrícola dentro de la Unión Europea.
Prácticas desleales y equilibrio comercial
Bruselas busca ahora comprender si estas medidas han generado cambios reales. La consulta abierta hasta enero de 2026 invita a productores, empresas y organizaciones del sector a compartir sus experiencias. El objetivo es afinar la directiva para que funcione en todos los niveles y territorios. También se analizará si los países miembros han armonizado correctamente su aplicación.
Además del impacto económico, el marco normativo ayuda a transformar la cultura empresarial del sector agroalimentario. Al limitar las prácticas desleales, se fomenta una competencia más ética, donde el valor se distribuye con mayor equidad entre todos los eslabones de la cadena.
Más del 70% de los agricultores europeos considera que su posición sigue siendo injusta en las relaciones comerciales, según datos parlamentarios recientes.
