De cara al debate presidencial del domingo 28 de abril donde se abordará, entre otros, el tema de infraestructura, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) alertó sobre el riesgo de que se reduzcan los recursos para obra pública.
Lo anterior, ante la necesidad de realizar un ajuste fiscal a partir de 2025, y propuso 10 mecanismos concretos para incrementar la inversión en infraestructura, con participación de los sectores público y privado, mediante esquemas financieros transparentes e innovadores.
En ese contexto, el presidente nacional, Luis Méndez Jaled, destacó que sin infraestructura no hay energía, agua, carreteras y conectividad. “Nadie quiere finanzas sanas con infraestructura enferma”, sentenció.
“Sin infraestructura no hay nearshoring, ni crecimiento económico, ni calidad de vida para las personas. La infraestructura es un imperativo económico y un derecho humano”, expresó el líder de los constructores del país.
Méndez Jaled enfatizó que en México y en el mundo no hay presupuesto público suficiente que, por sí solo, alcance para atender todas las necesidades de infraestructura, por lo que en otras latitudes se recurre a esquemas de participación público-privada, para aprovechar los diversos instrumentos de financiamiento a los que se puede acceder para las obras estratégicas.
Ante ello, dijo, el organismo hace un llamado a las candidatas y el candidato presidencial a plantear en el debate no sólo el diagnóstico y prioridades de infraestructura, sino también, y sobre todo, los mecanismos concretos de cómo se va a financiar la infraestructura energética, carretera, portuaria, ferroviaria, hídrica, de salud, de educación, de telecomunicaciones y de movilidad urbana del país para los próximos años.
“En este tema no caben diferencias por colores políticos. Infraestructura es desarrollo. Infraestructura es bienestar y se trata de los derechos constitucionales de todas las personas”, expresó el presidente nacional de la CMIC.
También convocó respetuosamente a las candidatas y al candidato a la presidencia de México a pronunciarse sobre las propuestas concretas de los empresarios.
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