El abogado y experto en asuntos legales Iván Ernesto Báez Martínez identifica un avance significativo en el ámbito del derecho familiar con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este nuevo código, aprobado de manera unánime en el Senado de la República, se anticipa que transformará profundamente la manera en que se resuelven las controversias familiares en todo el país.
Una característica sobresaliente de esta reforma es la introducción de un proceso de contestación de demanda que involucra a ambas partes desde el inicio. Esto permite un intercambio de réplicas y contrarréplicas, así como la presentación de pruebas y la formulación de propuestas de convenio.
Este código, compuesto por mil 191 artículos divididos en 10 libros, establece un período de cuatro años de “vacatio legis” a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, según señala Báez Martínez. Su enfoque primordial radica en priorizar la oralidad y garantizar el acceso a una justicia pronta y eficaz, como subraya el también ex alcalde de San Ignacio.
Otra característica destacada del nuevo código es su enfoque en la justicia digital, que unificará criterios y bases normativas en los procesos judiciales. Asimismo, se concentra en salvaguardar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo medidas de protección y ajustes procedimentales específicos para cada caso.
Adicionalmente, promueve la equidad de género, eliminando la discriminación y garantizando igualdad de derechos y obligaciones en el ámbito familiar, sin distinción de género.
En el ámbito del divorcio, se suprime la necesidad de probar culpabilidad, simplificando el proceso y reduciendo los conflictos. Se introduce el concepto de divorcio incausado, permitiendo que las parejas se separen sin necesidad de justificación ante un tribunal.
Uno de los cambios más trascendentales se refiere a los derechos de los niños en casos de divorcio, señala el sinaloense. El código se orienta hacia la protección de sus intereses, asegurando su bienestar, derecho a la convivencia y al cuidado, y garantizando que sus voces sean escuchadas en procedimientos legales.
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