Trabajador rural con sombrero recolecta café en una plantación bajo sombra, rodeada de vegetación y montañas, reflejando prácticas tradicionales y el vínculo entre producción cafetalera y conservación ambiental.
La producción de café da empleo a más de 500 mil productores en México y es el producto agrícola que más divisas y empleos genera en el medio rural; el país se ubica como el noveno productor mundial de café. Sin embargo, detrás de estas cifras se oculta una realidad preocupante. Un informe de las organizaciones Empower, Coffee Watch y ProDESC reveló que las multinacionales Nestlé y Starbucks, pilares de la industria cafetalera, incurren en prácticas de explotación a pequeños caficultores mexicanos y ocasionan daños socioambientales, mientras publicitan iniciativas de sustentabilidad señaladas como greenwashing.
Según el informe, Nestlé y Starbucks han consolidado, a través de intermediarios acaparadores, un sistema que les permite obtener millones de kilos de café mexicano a muy bajo costo. Empresas como ECOM Agroindustrial o AMSA dominan la compra del grano y fijan precios reducidos al productor, concentrando el poder de mercado.
En 2023, el precio pagado al caficultor por un kilo de café cereza rondó apenas 0.25 dólares, cuando –según los campesinos– debería valer al menos 1.2 dólares para cubrir costos y ser sostenible. Esta diferencia condena a miles de familias cafetaleras (aproximadamente un 70% de origen indígena) a un ciclo de pobreza extrema, obligándolas a abaratar su mano de obra e incluso recurrir al trabajo infantil. Mientras el CEO de Starbucks percibe alrededor de 10 millones de dólares al mes y su par de Nestlé gana cerca de 1 millón, un productor de café en México apenas obtiene 106 dólares mensuales.
En Veracruz, campesinos han denunciado a AMSA (proveedor de Nestlé y Starbucks) por acaparar y contaminar fuentes de agua en comunidades rurales. Las protestas fueron violentamente reprimidas en 2022 por fuerzas policiacas y grupos armados irregulares vinculados a la empresa, con saldo de dos productores muertos y más de diez heridos. Estos hechos evidencian un preocupante vínculo entre corporaciones y autoridades locales, donde en lugar de atender las demandas por precios justos y respeto ambiental, se criminaliza la protesta social.
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La expansión de los modelos de cultivo impulsados por Nestlé y Starbucks conlleva un alto costo ambiental. El Plan Nescafé ha promovido en México la siembra intensiva de café robusta, variedad más resistente pero de menor calidad, que se cultiva a pleno sol, requiere más agua y reduce la cobertura forestal. Según el informe, esta práctica genera pérdida de bosques en regiones cafetaleras como Veracruz y Chiapas.
Además, comunidades cafetaleras denuncian que ciertos proveedores monopolizan fuentes de agua y vierten desechos en ríos, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana. El modelo de producción intensiva prioriza el rendimiento económico inmediato a costa de ecosistemas locales y de la calidad del café producido.
Nestlé y Starbucks promueven programas de responsabilidad social y sustentabilidad como C.A.F.E. Practices y la certificación 4C. Sin embargo, el informe sostiene que estos operan como herramientas de mercadotecnia para abaratar costos y limpiar imagen, más que como verdaderos mecanismos de mejora. Los productores afirman que, pese a cumplir los requisitos, los beneficios no llegan a sus comunidades.
En el caso de Nespresso, la marca de café en cápsulas de Nestlé, su estrategia de reciclaje contrasta con el impacto real: se estima que 56 mil millones de cápsulas terminan cada año en rellenos sanitarios y solo un 5 % se recicla efectivamente. Aunque la empresa reporta un 32 % de tasa global de reciclaje, dos tercios de las cápsulas acaban como residuos no recuperados. Críticos lo ven como un ejemplo más de greenwashing, donde la comunicación ambiental no compensa el daño generado.
El informe llama a las autoridades mexicanas y de países consumidores a investigar estas prácticas y a aplicar leyes de debida diligencia corporativa. También propone reformar o abolir esquemas de certificación que perpetúan la inequidad, para sustituirlos por mecanismos transparentes e incluyentes.
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