Prisión preventiva contra factureras viola derechos humanos: SCJN

Economía y Empresas

Ciudad de México 27 octubre._ La principal razón por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN invalidó castigar con prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal y usar facturas falsas es porque se violan derechos humanos.

Por ello dejó sin validez las reformas aprobadas en 2019. Se trata de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación. Las mismas establecen que se consideran amenazas a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las siguientes actividades: la defraudación fiscal, contrabando y su equiparable, así como la expedición, venta y uso de facturas falsas.

Sin embargo, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señaló que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos. Por eso se manifestó en contra de mantener esta medida.

“No se puede ampliar simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución. Se trata de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”, comentó Zaldívar.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por los senadores de oposición llamado Bloque de Contención y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

AMLO responde

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta decisión “protege la corrupción” y “a la minoría”. Denunció que los “fifís” no pueden ir a la cárcel.

Criticó a los ministros de la Corte por invalidar el miércoles la reforma que impulsó su Gobierno para establecer prisión preventiva obligatoria, es decir automática, para delitos relacionados con defraudación fiscal, contrabando y venta de facturas. “Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, declaró.

El presidente consideró que la Suprema Corte invalidó la prisión preventiva porque “se trata de delincuentes de cuello blanco” y “no pueden ir a la cárcel los ‘fifís”.

 

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