Las presas tienen estrictos protocolos de construcción, operación y monitoreo para garantizar su eficacia y seguridad
Desde el pasado 12 de enero, el Sistema Cutzamala, una de las fuentes de abastecimiento de agua más grandes del país, redujo a 800 litros por segundo su caudal aportado para la Ciudad de México, esto, ante los niveles críticos de almacenamiento que registra.
Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), atribuye esta disminución del caudal a las condiciones precarias de las presas del Sistema Cutzamala, afectadas por la falta de lluvias en los últimos años.
El cambio climático, el crecimiento demográfico y la sobreexplotación de los recursos hídricos son factores que han contribuido a acentuar esta problemática.
La deforestación y la degradación ambiental también han mermado la capacidad de los ecosistemas para retener agua y regular los flujos hídricos, exacerbando los efectos de la sequía y la desertificación en muchas áreas del país.
Ante estos desafíos, las presas se han convertido en infraestructuras vitales para tratar de mitigar los impactos negativos de la escasez de agua y contribuir a la gestión eficiente de los recursos hídricos.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, las presas son estructuras hidráulicas que permiten almaenar agua para diversos usos como riego, consumo humano y generación de energía eléctrica.
Operadas tanto por instituciones públicas, como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), como por entidades privadas, las presas son sometidas a estrictos protocolos de construcción, operación y monitoreo para garantizar su eficacia y seguridad.
Asimismo, son una herramienta clave en la conservación del agua y la mitigación de los efectos del cambio climático. Su capacidad para regular el flujo de los ríos y retener agua durante períodos de abundancia contribuye a mantener el equilibrio hídrico en las cuencas hidrográficas y a asegurar un suministro constante en épocas de escasez.
Por último, poseen políticas de operación, diseñadas específicamente para cada estructura, establecen directrices claras sobre la gestión del agua, teniendo en cuenta factores como los niveles de precipitación, la demanda de agua y la protección del medio ambiente; asegurando una distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico, así como para prevenir impactos negativos en las comunidades y los ecosistemas circundantes.
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