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En México, cada ajuste al salario mínimo es más que una cifra; es una declaración sobre el tipo de país que queremos construir. A dos meses de que arranque la discusión formal para el 2026, los sectores clave del país ya han puesto sus cartas sobre la mesa.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone un incremento del 12.8%, mientras que sindicatos como la UNT y la CTM apuestan por un aumento más robusto. Más allá de porcentajes, este debate revela cómo se concibe la justicia social y la sostenibilidad empresarial en el país.
Detrás de cada punto porcentual propuesto hay una narrativa sobre productividad, bienestar y competitividad. La Coparmex sustenta su propuesta en un cálculo técnico, buscando que el salario diario alcance los 8,491 pesos mensuales. Argumentan que este ajuste es coherente con la inflación y no compromete la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, las centrales obreras consideran que el crecimiento económico debe reflejarse en el poder adquisitivo de los trabajadores, aludiendo a una deuda histórica con el salario real.
Esta divergencia de propuestas es también un reflejo de dos visiones sobre el futuro del trabajo. En una, se prioriza la estabilidad macroeconómica como base para la inversión; en otra, se exige una redistribución más justa de los beneficios del crecimiento. Ambas partes coinciden, sin embargo, en que el diálogo tripartita será clave para alcanzar una resolución equilibrada.
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