Las otras nueve medidas que López Obrador decretó y que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre son:
Ningún trabajador será despedido, pero no habrá incremento de personal del gobierno federal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos “de forma voluntaria” hasta en un 25% de manera progresiva; es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores. Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario aplica de subdirector hasta presidente de la República.
No se ejercerá 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluido lo comprometido.
Se cancelarán 10 subsecretarías, las cuales no han sido anunciadas, sin embargo, los trabajadores de estas mantendrán el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos.
Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales.
Se establece también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos para cumplir con las participaciones federales en los estados, además de garantizar el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. Se señala que “no se podrá utilizar sin autorización de SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo.
Las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, así como la Guardia Nacional, tendrán un trato excepcional.
Se asegura que la Ley de Austeridad Republicana “se aplicará de manera rigurosa”.
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