Los sindicatos españoles tendrán acceso a los algoritmos que empresas como Uber utilizan para administrar su fuerza laboral en la economía de las aplicaciones, para monitorear las condiciones y evitar que los trabajadores estén mal pagados en horas de baja demanda, dijo el jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de acuerdo con Reuters.
Este control de los derechos laborales es parte de la próxima legislación española para reforzar las protecciones para los trabajadores del sector de servicios, normalmente contratados como autónomos, que requerirá que los empleadores los contraten como personal.
El proyecto de ley aún necesita luz verde del gabinete, después de lo cual las empresas tendrán 90 días para implementarlo.
“Permitirá evitar, como es el caso actualmente, castigos algorítmicos para los trabajadores que laboran en determinadas franjas horarias, penalizaciones por desempeño que pueda ser sesgado, o incluso el simple hecho de promover o ir a la huelga”, dijo Díaz a periodistas.
El movimiento de España en la economía de las aplicaciones como Uber y Rappi, acordado con los sindicatos españoles y las asociaciones empresariales españolas, se produce cuando la Unión Europea está preparada para proponer un marco regulatorio para toda la UE para fin de año.
“Somos el primer país de la UE en legislar sobre este tema y Europa está mirando de esta manera”, agregó Díaz.
El Tribunal Supremo dictaminó en septiembre que las personas que trabajaban para la aplicación de entrega de alimentos Glovo, con sede en Barcelona, eran empleados, no autónomos, una decisión que podría permitir a esos trabajadores exigir contratos laborales formales y beneficios.
Las empresas del sector, incluidas las plataformas internacionales Deliveroo y Uber Eats, se han estado preparando durante semanas para la nueva regulación buscando alternativas como la subcontratación o el uso de agencias de empleo temporal, dijeron fuentes a Reuters.
Los expertos y los sindicatos advierten que sin una voluntad real por parte de las empresas de contratar mensajeros, es probable que continúen las batallas judiciales en torno a estos esquemas de empleo alternativo.
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