Ningún país prospera cuando el dinero del contribuyente se convierte en un barril sin fondo. En México, la discusión sobre las reformas fiscales suele centrarse en cuánto se recauda, pero rara vez en cómo se gasta. Aunque el país ha logrado elevar su recaudación de 10% a 18% del PIB desde 2001, el problema no ha sido únicamente fiscal, sino estructural: sin eficiencia en el gasto, ningún esfuerzo tributario genera crecimiento sostenible.
La presión por una reforma integral ha estado presente desde que el Banco Mundial advirtió, hace más de dos décadas, que la ancla fiscal mexicana era insostenible. A pesar de múltiples intentos, lo cierto es que el sistema sigue atrapado entre un aparato institucional frágil, bajos niveles de inversión pública y un uso cuestionable de los recursos.
Casos recientes como el presupuesto 2026 de Aguascalientes, que destina más de mil 455 millones de pesos a servicios ineficientes o litigiosos, evidencian cómo se multiplica el gasto sin mejorar resultados.
Reformas fiscales y el dilema del gasto improductivo
Más allá de nuevos impuestos o ajustes al IVA, lo urgente es revisar el desempeño del gasto público. Según el BID, América Latina gasta mal: cerca del 4.4% del PIB regional se va en compras públicas ineficientes, subsidios regresivos y mala ejecución. México no es la excepción. Gran parte del presupuesto se asigna a proyectos con poca o nula rentabilidad, mientras que sectores clave como salud, educación y seguridad siguen desatendidos.
El verdadero reto de una reforma fiscal no es recaudar más, sino lograr que cada peso gastado tenga impacto. Esto exige gobiernos con profesionalismo, instituciones sólidas y políticas públicas que apunten a elevar la productividad, la equidad y el bienestar colectivo.
