Hay historias que no caben en los márgenes de las estadísticas. Como la de Ana, una joven con discapacidad visual que tras años de formación no logra acceder a un empleo digno en España. Su caso, aunque singular, se entrelaza con una problemática estructural: la doble discriminación que enfrentan las mujeres con discapacidad.
No se trata solo de una cuestión de género o capacidad, sino del cruce de ambas condiciones en un sistema que aún no se adapta a la diversidad real.
En octubre de 2025, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunció que este grupo enfrenta una de las brechas de acceso más persistentes en el mercado laboral. Solo el 25% de las mujeres con discapacidad tiene empleo, frente al 34% de los hombres en la misma condición. Esta desigualdad se agrava en contextos rurales, donde la oferta laboral es más limitada y los servicios de apoyo, escasos o inexistentes.
Acceso al empleo: más que inclusión, es equidad
En entornos corporativos, la cultura empresarial inclusiva sigue siendo la excepción. Muchas organizaciones carecen de políticas activas que consideren las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, desde la accesibilidad física hasta la flexibilidad horaria o el teletrabajo.
El empleo no debe verse como un gesto de buena voluntad, sino como una estrategia de innovación social que reconoce talento donde antes solo se veían límites.
Además, hay un vacío urgente en los programas de formación y mentoría que vinculen la inclusión con el desarrollo profesional. Del mismo modo, el emprendimiento sigue siendo una vía escarpada: menos del 5% de las mujeres con discapacidad en España lideran proyectos propios, y aún enfrentan dificultades para acceder a financiamiento y redes de apoyo.
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