La filial francesa de Ikea y varios de sus ejecutivos van a ser juzgados el lunes por acusaciones de que espiaron ilegalmente a empleados y clientes, informó AP.
Los sindicatos denunciaron a la empresa de muebles y artículos para el hogar a las autoridades francesas en 2012, acusándola de recopilar datos personales por medios fraudulentos y de divulgación ilícita de información personal.
Los sindicatos alegaron específicamente que Ikea France había pagado para obtener acceso a los archivos policiales que tenían información sobre las personas objetivo. Ikea France negó haber espiado a nadie, pero Ikea, con sede en Suecia, despidió a cuatro ejecutivos en Francia después de que los fiscales franceses abrieran una investigación criminal en 2012.
Una acusación alegaba que Ikea France usó datos no autorizados para intentar atrapar a un empleado que había reclamado beneficios por desempleo pero conducía un Porsche. Otro dice que la subsidiaria investigó los antecedentes penales de un empleado para determinar cómo el empleado podía tener un BMW con bajos ingresos.
Los clientes con los que la compañía estaba en una disputa también supuestamente tuvieron acceso a su información personal de manera inapropiada.
El exjefe del departamento de gestión de riesgos de Ikea Francia, Jean-François Paris, reconoció ante los jueces franceses que se destinaban de 530,000 a 630,000 euros al año (633,000 a 753,000 dólares) para tales investigaciones. Paris, quien se encuentra entre los acusados, dijo que su departamento era responsable de manejarlo.
Los exdirectores ejecutivos de Ikea Francia, Jean-Louis Baillot y Stefan Vanoverbeke, y el exdirector financiero Dariusz Rychert y los gerentes de tienda también enfrentarán juicio.
En caso de que sean culpables, los dos exdirectores ejecutivos se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión y multas de 750,000 euros. Ikea Francia se enfrenta a una pena máxima de 3.75 millones de euros. El juicio está programado para durar hasta el 2 de abril.
La compañía también enfrenta daños potenciales por demandas civiles presentadas por sindicatos y 74 empleados.
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