Lo peor que le puede suceder al gremio no sólo de la abogacía, sino a otros grupos de profesionistas, es que la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias se apruebe en el Senado sin que se haya dado un sano debate.
Los ha habido, pero a modo. A finales de septiembre se dio uno. Prácticamente 39 de los 40 asistentes opinaron a favor de esta iniciativa que, ya le había platicado aquí, viola el derecho al trabajo y por ahora es inconstitucional, aunque los legisladores podrían modificar la Carta Magna.
Es violatoria de la Constitución porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente en 1993, cuando determinó que era ilegal obligar a un individuo afiliarse obligatoriamente a una cámara. Esta iniciativa transgrede el artículo 28 de la Constitución.
Sin embargo, hay legisladores, como el propio presidente del Senado, el panista Roberto Gil, que firmaron la iniciativa, igual que la actual procuradora priista, Arely Gómez, y su correligionario Eduardo Burgos; asimismo, el desaparecido perredista Manuel Camacho Solís.
A simple vista la propuesta suena atractiva, pero es un auténtico atrapa bobos: pretende elevar el nivel ético de la profesión y profesionalizar aún más las diferentes actividades. Los abogados corruptos y malos se volverán buenos y éticos con sólo colegiarse.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que encabeza Ricardo Ríos Ferrer, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que preside Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que lidera Ricardo Cervantes, son los promotores.
Se enfatiza que en Estados Unidos así funciona el sistema, que los abogados están debidamente registrados en los colegios y cuentan con una cédula para ejercer, pero no dicen que en la práctica no funciona y sí se ha generado un verdadero desorden.
Dada la aparente simpatía expresada por los senadores, y a un discreto pero eficiente cabildeo en las esferas de poder, la iniciativa de Colegiación y Certificación Obligatorios podría aprobarse en cualquier momento. Pocos bufetes privados tienen en el radar esta nueva Ley.
Ciertamente, se reconoce que al año egresan muchos profesionistas de dudosa capacidad. En provincia las escuelas entregan cédulas al por mayor. Pero la elevación de la capacitación y la ética no debe dejarse en manos de cinco colegios, que tendrían la facultad de realizar los exámenes.
Más bien la responsabilidad debe recaer en las propias instituciones de enseñanza, a las que se tendrían que supervisar y monitorear en sus planes de estudios, así como en reformar la Ley de Profesiones proponiendo filtros en materia de legislaciones anticorrupción.
La iniciativa plantea, de un plumazo, dar a esos cinco colegios que se erigirían como la máxima autoridad de la colegiación, la administración de un negocio que podría llegar a los mil 800 millones de pesos al año, producto del pago de cuotas, exámenes y cursos de capacitación.
¿Qué va suceder con los abogados especializados, más allá de los típicos litigantes penales o corporativos? ¿Las barras especializadas tendrían que afiliarse a esas cinco que establece arbitrariamente la iniciativa? ¿Se convertirían en un capítulo de ellas?
Según el Inegi, de Eduardo Sojo, hay alrededor de 321 mil abogados. Las actuales barras y colegios cobran entre seis mil y diez mil pesos al año. En esas mismas asociaciones apenas están representados alrededor de 2% de los abogados que hay en las firmas legales.
Es imperativo que los senadores abran el debate y que involucren a otras corrientes que disienten de la iniciativa, pues se le estará dando carta abierta a otros poderes, más allá de esos cinco colegios, para que coopten y manipulen decisiones trascendentes en política y economía.
VAN TRAS GSI
La Comisión Federal de Competencia, que preside Alejandra Palacios, inició una investigación por posibles prácticas monopólicas entre empresas transportadoras y de custodia de valores. Este sector lo dominan ampliamente GSI, de Santiago Garza, y Serpaprosa, que lleva Vicente Herrera, que a su vez pertenece a la estadunidense Brink´s, con más de 80% de los servicios. Simplemente la primera es dueña de Cometra, Sepsa, Seguritec y Tecnoval y se cree que tiene cerca de 40% del mercado. Este virtual duopolio ha venido presionando a otros jugadores más pequeños, como Lock de José Luis Terrazas, BISSA de Carlos Fernando Falcón, Armstrong de Humberto Reyes y Tameme de Federico Yee. Hay otro par de competidores extranjeros que no han podido crecer mucho. Son la española Prosegur, de Christian Gut, y que adquirió a Grumer de Javier Artigas, y la inglesa G4S, que preside John Connolly, aliada a Metraval, de Javier Pérez Teuffer.
MOTA ENGIL
En relación a la alianza de la portuguesa Mota Engil y la mexicana Prodi de la familia Miguel, nos precisan que es muy sólida porque surge de la fusión de las constructoras de ambos consorcios hace ya algunos años. El grupo de Antonio Mota, que es un conglomerado muy diversificado y con presencia en más de 20 países, participa aquí con varios socios nacionales y extranjeros que le permiten estar activamente en rubros como la energía eléctrica, turismo, desarrollo inmobiliario, manejo de residuos y puertos.
