Este sábado se cumple un año de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó la intervención gerencial de Ficrea destapando el más grande escándalo financiero desde el rescate que se tuvo que a mediados de la década de los 90, conocido por muchos como el Fobaproa.
Esta autoridad financiera determinó que había indicios de delitos como lavado de dinero, evasión fiscal, fraude y desvío de recursos hacia cuentas personales de Rafael Amezcua y sus cómplices, básicamente en empresas radicadas en España.
A un año de distancia es poco, casi nada, lo que ha sucedido desde el punto de vista de la autoridad y en particular desde la ridícula posición asumida por la Condusef que generó falsas esperanzas entre los defraudados de buena fe y cuando su titular, Mario Di Costanzo, se dio cuenta de su grave incapacidad simplemente se lavó las manos y culpó a los defraudados de buena fe diciendo que les había faltado cultura financiera.
Por principio de cuentas, Amezcua y sus cómplices siguen evadiendo la acción de la justicia y en no pocas oportunidades disfrutando de los recursos que tomaron indebidamente. Los autonombrados inversionistas de Ficrea, que como denunciamos en este espacio eran en su mayoría cómplices o relacionados con Amezcua, no han sido investigados debidamente de su situación fiscal o cómo estaban vinculados con las operaciones fraudulentas en la sociedad financiera popular.
Hasta el momento no hay culpables de este ilícito y se pagó hasta donde cubría el limitado seguro financiero que tienen estos intermediarios financieros. Las reglas no han cambiado para la operación de las sofipos ni tampoco se ha incrementado la seguridad para los inversionistas.
LAMENTABLE
Si bien a la CNBV se le podría señalar por la falta de seguimiento del problema o la no toma de decisiones de fondo, la actuación de Condusef y, en particular, de su titular es vergonzosa.
Cuando estalló este problema, del que evidentemente no tenía conocimiento, trató de abrogarse responsabilidades que le corresponden a la Secretaría de Hacienda a través de la CNBV. Di Costanzo gastó una gran cantidad de saliva diciendo que él iba a proteger a los ahorradores y que sería parte de la solución.
De una manera muy ingenua cayó en manos de los autonombrados inversionistas a quienes les hizo una y otra vez promesas imposibles, al grado que la frustración les llevó a cometer actos indebidos en las oficinas de la Condusef que, curiosamente, jamás fueron denunciados por el funcionario.
Sus actuaciones, tan protagónicas como estériles, generaron entre otras cosas estorbos a la actuación de la autoridad, fricciones innecesarias dentro de los equipos de trabajo encabezados por Luis Videgaray y, en suma, un problema más difícil de administrar.
RESULTADO
El resultado de estas lamentables acciones es fácil de ver. En una esquina se encuentra la impunidad que siguen teniendo Amezcua y sus cómplices entre los que se encuentran algunos autonombrados ahorradores de Ficrea.
Por otra parte, gran cantidad de los ahorradores de buena fe tuvieron que tomar pérdidas que superan los dos mil 300 millones de pesos sin que la Condusef haya tenido la capacidad de intervenir de una manera adecuada y eficaz en favor de ellos, y fue diluyendo su presencia hasta dejarlos en el abandono.
Su más reciente “justificación” fue decir que a estos ahorradores les faltó cultura financiera; sin embargo, más allá del dicho no ha pasado a la acción puesto que hasta el momento no hay ningún programa serio de educación financiera para ahorradores de sociedades financieras populares.
El caso de Ficrea, como señalamos en este espacio, debió haber sido suficiente para que Di Costanzo fuera removido del cargo que ganó por cuestiones netamente políticas; sin embargo, ha seguido siendo premiado puesto que uno de sus hijos ya tiene una dirección dentro de la CNBV, no con las mejores opiniones por parte de sus colegas.
OTRA CONFESIÓN
Para los que dicen que el tema de Savi Distribuidores es una campaña de desprestigio, siguen llegando las confirmaciones. Alguien quien dice ser consultor en relaciones públicas de SOHIN envió una carta en la que reconoce que les ofrecieron “un contrato de prestación de servicios con el fin de establecer el acceso al mercado público con las diversas empresas del sector farmacéutico”, es decir, prueba lo publicado en este espacio. Terminan diciendo que declinaron la participación con Savi Distribuidores.
