KKR alcanza acuerdo con el Departamento de Justicia
El fondo de inversión KKR alcanzó un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa civil récord de 250 millones de dólares, unos 215 millones de euros, y cerrar el proceso relacionado con presuntos incumplimientos del procedimiento de revisión antimonopolio en operaciones de fusión.
Las autoridades estadounidenses acusaron a la firma de evitar el escrutinio regulatorio en al menos 16 transacciones y de incumplir la Ley Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976. Esta normativa obliga a notificar determinadas adquisiciones, ventas y fusiones antes de completarlas para que las autoridades puedan analizar sus efectos sobre la competencia.
Según la demanda, entre 2021 y 2022 la firma incumplió reiteradamente sus obligaciones de notificación previa en al menos 16 transacciones. Las autoridades sostienen que alteró información en ocho casos, omitió completamente documentos en al menos dos y excluyó sistemáticamente documentación obligatoria en los informes correspondientes a otras diez operaciones.
El Departamento de Justicia argumentó que la compañía conocía ampliamente estos requisitos debido a su experiencia. Desde 2021, habría presentado al menos 100 notificaciones bajo este procedimiento.
Stanley Woodward, fiscal general adjunto, destacó que la sanción supera en más de 20 veces cualquier multa anterior impuesta por el Departamento de Justicia bajo la Ley HSR. Según explicó, el acuerdo pretende advertir sobre las consecuencias de incumplir las obligaciones de revisión de operaciones empresariales.
KKR informó que el acuerdo civil resuelve completamente los litigios y las investigaciones de la División Antimonopolio relacionados con determinadas notificaciones presentadas durante 2021 y 2022.
La compañía aseguró que la multa no tendrá impacto financiero para la firma, sus fondos ni sus inversores, ya que despachos de abogados externos reembolsarán íntegramente la cantidad.
El gigante del private equity también manifestó su firme desacuerdo con la interpretación de las autoridades. Sostuvo que actuó de buena fe conforme al procedimiento que utilizaba entonces y que sus prácticas estaban alineadas con las habituales del sector.
Sin embargo, decidió alcanzar un acuerdo porque prolongar el litigio representaría una distracción significativa para la organización. La firma afirmó que continuará operando bajo la legislación aplicable y concentrándose en generar resultados para sus distintos grupos de interés.
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