En el marco del Día Internacional de la Mujer, Fundar Centro de Análisis e Investigación presentamos el informe Tributación Feminista: los casos de Argentina y México, una investigación elaborada en conjunto con la organización argentina Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El informe visibiliza cómo la falta de perspectiva de género y ética feminista en las políticas fiscales ha mantenido la desigualdad entre mujeres y hombres en la región.
Desde una perspectiva de justicia de género, gravar a quienes más tienen es crucial para reducir las brechas de desigualdad, especialmente las que existen entre mujeres y hombres, para repartir los recursos en beneficio de los derechos de las mujeres en todas sus diversidades.
En México, a pesar de que durante este sexenio se han adoptado medidas para incrementar la recaudación, aún es necesario implementar impuestos a la riqueza y a los altos ingresos, así como reducir los privilegios fiscales y los abusos fiscales corporativos.
Igualdad tributaria
En el informe Tributación Feminista evidenciamos los impactos que tiene la falta de perspectiva de género en nuestro sistema tributario y delineamos recomendaciones para generar recursos públicos adicionales que puedan invertirse en la provisión de bienes y servicios para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres:
Impuestos a la riqueza multimillonaria: El 48% de la riqueza de México es acaparada por el 1% más rico de la población.
Impuestos a los ingresos altos para reducir la concentración extrema: El 1% más rico acapara el 26.8% de los ingresos nacionales, mientras que el 50% más pobre se queda con sólo el 6.2%.
No más privilegios fiscales discriminatorios: Se estima que, a través de deducciones, exenciones y otros tratamientos preferenciales para personas físicas y empresas de altos ingresos, el Estado dejó de recaudar en 2023, un monto equivalente al costo estimado para financiar un Sistema Nacional de Cuidados, que ha sido evaluado entre 1 y 1.4% del PIB.
Poner fin a los abusos fiscales: Las grandes empresas aún están lejos de contribuir de manera justa y suficiente a las arcas públicas. A través de prácticas de abuso fiscal, como la evasión, elusión o el acceso a privilegios fiscales, terminan aportando menos de lo que les corresponde, limitando los recursos públicos que el Estado debería de recibir.
