La Reforma Laboral en México de 2019 supone nuevos retos para las empresas, así como para los trabajadores. Este cambio en la legislación redefine el concepto del trabajo, con el fin de dar mayor protagonismo a su función social, al tiempo que busca disminuir los casos de discriminación o conflicto.
En ese sentido, tanto los sindicatos de trabajadores como los patrones tendrán que ajustar ciertos procesos para garantizar una relación más justa y transparente. Las compañías deben conocer a fondo las implicaciones de la reforma para evitar cualquier inconveniente y realizar los cambios; sin descartar tener asesoría especializada para garantizar una transición exitosa.
Sin embargo, los líderes obreros independientes señalan que transformar un sistema de décadas —y superar la resistencia de los empleadores y de los sindicatos poderosos y favorecidos políticamente, así como la profunda desconfianza de los trabajadores— será un trabajo arduo y lento.
“Podemos tener una ley muy bonita”, comentó Benedicto Martínez, líder de una pequeña federación independiente, el Frente Auténtico del Trabajo. “Pero no va a ser cosa fácil. Ha habido muchos años de control y manipulación”.
Los patrones obligados a revertir las viejas prácticas están comenzando a contratacar, afirmó Kimberly Nolan, especialista laboral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ciudad de México.
“La manera de hacer negocios en México es que los contratos se compran y se venden”, señaló Nolan. “El sector empresarial no percibe la medida en que eso contraviene la libertad de asociación”.
Según la nueva ley de México, los sindicatos tendrán que ganarse el respaldo de al menos el 30 por ciento de los trabajadores de una empresa antes de que puedan ser formalmente reconocidos. Las juntas de conciliación y arbitraje locales serán remplazadas por un registro nacional y juzgados especializados, cambios que están diseñados para eliminar la influencia política.
Desde hace mucho tiempo, los sindicatos estadounidenses han alegado que el viejo modelo alentó a las empresas a trasladarse a México para aprovechar los sindicatos dóciles y los bajos salarios. Como respuesta, los demócratas han utilizado las negociaciones comerciales para exigir que México replantee sus leyes laborales y lo pusieron como condición para que el Congreso apruebe el nuevo acuerdo comercial de América del Norte.
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