A decir del experto en inversiones Rodrigo Besoy Sánchez, la propuesta del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) que hace de Unidad de Inteligencia Financiera para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que ciertas corporaciones divulguen la identidad de sus accionistas beneficiarios, ha levantado el rechazo de las Oficinas Familiares.
“Estrictamente, la propuesta del FinCEN busca implementar parte de la Ley de Transparencia Corporativa del año pasado en Estados Unidos, y cuyo objetivo es combatir el lavado de dinero, el fraude y otros delitos que a menudo son facilitados por empresas fantasma opacas”.
No obstante, Rodrigo Besoy recuerda que desde mucho tiempo atrás, las Oficinas Familiares se han manejado de otra manera, por lo que ahora medidas regulatorias como las que propone el FinCEN obviamente lucen como invasivas e innecesarias a los ojos de las familias de los ultra ricos (UHNW, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la regla, los beneficiarios reales de corporaciones extranjeras y nacionales, Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés) y otras entidades deberían revelar a las autoridades su nombre, fecha de nacimiento, dirección y compartir una copia escaneada de un documento de identificación.
Rodrigo Besoy entiende incomodidad de Oficinas Familiares
El también asesor patrimonial de Fabetri explica que resulta entendible que estas organizaciones en Estados Unidos no se encuentren cómodas con una situación como la propuesta por el FinCEN; ya que dijo, las Oficinas Familiares en primera instancia no están obligadas a registrarse como asesores de inversión ni a revelar participaciones, porque administran fortunas familiares.
Por otro lado, Besoy Sánchez coincidió con la Coalición de Inversores Privados al considerar que la divulgación de identificadores personales como nombres y direcciones residenciales pone en riesgo a las familias poseedoras de riqueza, sobre todo en una época donde la vulnerabilidad cibernética es cosa de todos los días.
“Claro que existe riesgo para las familias cuyas fortunas son administradas por las Oficinas Familiares; sin embargo, pensar en delitos como robos, fraudes, extorsión o secuestro son delitos a los que estas familias también están expuestas desde otros frentes”.
Asimismo, revela que gran parte de la información que busca la nueva regla, ya debe ser divulgada por las Oficinas Familiares a través de los requisitos de cumplimiento de varios intermediarios financieros.
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