La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, reiteró la urgencia de promover mecanismos transparentes de coinversión público-privada para financiar proyectos estratégicos en la construcción.
Una industria que detona 3 de las 4 ramas de la economía nacional, generando empleo e ingresos, y, por ende, un aumento en la recaudación tributaria.
Lo anterior se dio a conocer durante la presentación del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PPEF) 2025.
Retos, oportunidades y perspectivas de la CMIC, en voz de su titular Luis Méndez Jaled, quien destacó que los mecanismos sugeridos sean: obras con fuentes propias de repago; desdoblamiento de concesiones (mediante la ampliación de plazos para generar flujos adicionales que se destinen a obras nuevas o mantenimiento); contratos de prestación de servicios; aprovechamiento de activos, y otras alternativas viables.
“Reafirmamos nuestro respaldo a los programas prioritarios de la Presidenta, promoviendo esquemas de coinversión mixta, con el objetivo de garantizar la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo sustentable y equitativo del país”, expresó Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Otra solicitud de la CMIC es la importancia de aumentar de manera gradual la inversión pública hasta alcanzar entre el 5-6% del PIB, asegurando su distribución de manera estratégica y equitativa en todo el país, destinándose gran parte de estos fondos a proyectos de infraestructura logística y de transportes, hídrico, energético, hidrocarburos y electricidad, salud, educación y movilidad urbana, así como al mantenimiento de la infraestructura existente.
Al respecto, la CMIC continuará promoviendo la creación de un organismo o instituto encargado de la planeación del desarrollo de infraestructura del país a corto, mediano y largo plazo; dicho organismo deberá ser autónomo, pero no independiente, sin vínculos políticos para garantizar su imparcialidad y eficacia.
Por otra parte, la CMIC buscará acercarse a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para impulsar procesos abiertos, transparentes y competitivos de contratación de obra pública, con el objetivo de inhibir la corrupción y fortalecer la transparencia, con la implementación de una plataforma única para licitaciones públicas y el fomento de una cultura de denuncia.
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